Abonos y actualizaciones de prestaciones por ERTE

06/06/2020

La reciente crisis sanitaria que estamos padeciendo a nivel mundial, y concretamente en nuestro país, está sacudiendo los cimientos de la sociedad tal y como la entendemos y está poniendo a prueba con especial virulencia nuestro sistema sanitario, de eso no cabe duda. Sin embargo, a la par e incluso seguramente de forma más duradera en el tiempo se va a poner a examen a nuestro estado del bienestar en lo que a efectos socio-económicos se refiere.

            En las primeras fases de la crisis social del SARS-CoV-2, también llamado Covid-19, casi 3.9 millones de trabajadores en España se vieron confinados en sus domicilios y sus contratos suspendidos, pasando a ser beneficiarios de una prestación a cargo del SEPE. Del 14 de marzo de 2020 y hasta el mes de abril, este organismo pasó de tramitar una media de 100.000 expedientes a una avalancha de casi 4 millones lo que ha dado lugar a colapsos y retrasos en los pagos de la prestación.

            Además del retraso en el pago, otra de las consecuencias del colapso es que, aquellas personas de las que el SEPE no dispusiera de datos familiares (por no haber sido perceptoras de alguna otra prestación previamente, por ejemplo) se les aplicaría el límite de prestación como si no tuviera hijos a cargo con la “promesa” que publicó el SEPE en un nota informativa, fechada el 12 de abril, en la que disponía que: “el SEPE regularizará de oficio el aumento de las cantidades a quienes tengan derecho y no se disponga del dato de hijos e hijas a cargo, sin que las personas afectadas tengan que realizar reclamación alguna”. Ello se traduce en que, una vez resuelvan la avalancha de expedientes por ERTE pendientes y por tanto abonen las prestaciones a las personas que en algún caso han estado hasta dos meses y medio sin ingresos, el SEPE revisará de oficio dichos expedientes y regularizará en su caso las cuantías, pero ¿y si no lo hace?

            Como cuestión en este punto que se nos puede plantear es la siguiente:

            ¿Qué ocurre si pasan las semanas y el SEPE no me regulariza las cantidades? En este caso entendemos que se debería acudir al procedimiento previsto para el caso de errores en el cálculo de prestaciones objeto de reconocimiento por el SEPE, es decir, la presentación de una Reclamación Previa ante dicho organismo en el plazo de 30 días hábiles desde la notificación de la Resolución que nos aprueba la prestación por ERTE.

            Como regla general, el SEPE debe contestar expresamente a la Reclamación Previa en el plazo de 45 días a partir de la fecha de presentación. Por ello, ante la negativa a nuestra petición se nos abren dos escenarios:

1ª  Si la contestación del SEPE es desestimatoria de nuestra pretensión se abre un plazo de 30 días para interponer la correspondiente demanda ante los Juzgados de lo Social.

2º Si se produce silencio administrativo, esto es, no hay contestación a la Reclamación Previa,  se podrá presentar demanda  judicial transcurrido el plazo de 45 días a contar desde la presentación de la Reclamación Previa. Este segundo de los escenarios es el más habitual que se produzca con la Administración y es de suponer que, dadas las circunstancias actuales, exista una carga de trabajo tal, que muchas de estas reclamaciones no se atiendan en plazo, por lo que es muy conveniente estar atentos para no dejar pasar la posibilidad de reclamar lo que es nuestro.