DELITO DE DESOBEDIENCIA EN EL SENO DEL CONFINAMIENTO Y DEL ESTADO DE ALARMA

22/05/2020

Con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 entraron en vigor y se dio cobertura legal para toda una batería de medidas sociales, educativas, comerciales y laborales en el seno de la protección de la salud pública. No entraremos en este artículo en valorar si dichas medidas restrictivas de derechos tienen cabida según la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio en un estado de alarma o si como consideran algunos quizá rebasen dicho marco normativo para situarse en el estado de excepción.

            En este artículo pretendemos arrojar algo de luz sobre una polémica que se está suscitando en estos días acerca del encaje legal dentro del delito de desobediencia de las acciones consistentes en saltarse el confinamiento o no cumplir con las medidas adoptadas en el seno del Real Decreto 463/2020 y sus prórrogas.

            Dejando de lado la sanción administrativa que tendrá su recorrido con la multa correspondiente, por lo que al ámbito penal respecta, nunca puede entenderse como delito de desobediencia la supuesta comisión de una infracción administrativa. Dicho de otra forma, la comisión (caso de existir) de una conducta que dé lugar a una sanción administrativa no puede llevar a su vez aparejada la comisión, por ese mismo hecho, de un delito de desobediencia.

            La jurisprudencia de nuestros tribunales es clara al indicar que el delito de desobediencia solo podrá entenderse cometido cuando exista un previo requerimiento personal, hecho a la persona concreta, para que modifique su comportamiento. Así el Tribunal Supremo establece en su Sentencia 459/19, de la Sala Segunda lo siguiente: “Es entendible que en aquellas ocasiones en las que el delito de desobediencia se imputa a un particular, el carácter personal del requerimiento adquiera una relevancia singular. Solo así se evita el sinsentido de que un ciudadano sea condenado penalmente por el simple hecho de desatender el mandato abstracto ínsito en una norma imperativa. De ahí que el juicio de subsunción exija que se constate el desprecio a una orden personalmente notificada, con el consiguiente apercibimiento legal que advierta de las consecuencias del incumplimiento”.

            Ya son varios los Juzgados que interpretando nuestra jurisprudencia están archivando o absolviendo a ciudadanos del delito de desobediencia por estos hechos. Una de las últimas sentencias ha sido la del Juzgado de lo Penal nº 2 de Vitoria en su sentencia 101/2020, de 11 de mayo, en la que establece que pese a que se dan por probados los hechos que dan lugar a la formación de la causa “En relación a este delito, señala la sentencia del Tribunal Supremo, sección 1ª, nº 800/2014, de 12 de noviembre, rec. 2374/2013, que "conforme establece la doctrina de esta Sala (ver, entre otras, la STS de 20 de enero de 2010) el delito de desobediencia a la autoridad o sus agentes del art 556 del Código Penal (distinto del delito de desobediencia de autoridades o funcionarios, previsto y penado en el art. 410 del Código Penal ) requiere, desde el punto de la vista de la tipicidad, la concurrencia de los siguientes elementos:

a) la existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta, emanado de la autoridad o sus agentes;

b) que el mandato se halle dentro de las legales competencias de quien lo emite;

c) que la orden, revestida de todas las formalidades legales, haya sido claramente notificada al obligado a cumplirla, de manera que éste haya podido tomar pleno conocimiento de su contenido;

d) la resistencia del requerido a cumplimentar aquello que se ordena;

e) la concurrencia del dolo de desobedecer, que implica que frente al mandato persistente y reiterado se alce el obligado a acatarlo y cumplirlo en una oposición tenaz, contumaz y rebelde, y

f) la gravedad de la conducta, que diferencia el delito de la falta de desobediencia leve (actualmente despenalizada y reconducida a una infracción administrativa de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana)".

(…) estimo que el mero incumplimiento de las limitaciones derivadas del estado de alarma (esto es, y en el caso de autos de la obligación de confinamiento o de la limitación de la libertad deambulatoria) no implica automáticamente y per se, si no va acompañado de un plus en la conducta llevada a cabo, la comisión de un delito de desobediencia grave a la autoridad o sus agentes, y ello aunque nos encontramos ante una persona que pudiera ser reincidente o reiterativa en tal actuación”.

            Por lo tanto, si una persona es interceptada por la policía por saltarse el confinamiento podrá iniciarse contra ella un procedimiento sancionador de carácter administrativo, si fuera el caso, pero nunca iniciarse de forma automática un procedimiento penal por delito de desobediencia, incluso si dicho incumplimiento se produjera reiteradamente.