Novedades en derecho de familia a raíz del COVID

19/05/2020

El recientemente aprobado Real Decreto 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, establece un procedimiento especial y sumario para resolver conflictos en materia de derecho de familia, directamente derivadas de la crisis del COVID-19.

            El citado Real Decreto crea “ex novo” un procedimiento que pretende agilizar la resolución de problemas surgidos en materia de familia que traen su causa directa en el COVID-19. En concreto, son los artículos 3 a 5 del arriba referenciado Real Decreto los que se ocupan de regular este nuevo procedimiento.

            Este nuevo procedimiento especial y sumario únicamente estará vigente durante el estado de alarma y hasta tres meses después de la finalización del mismo. Se trata de un procedimiento que pretende paliar los desajustes y problemas familiares surgidos durante el COVID-19, por lo que no tiene ánimo de permanencia, ni debe tenerlo.

            Podrá acudirse a este nuevo procedimiento para dilucidar los siguientes casos:

                        a) aquellas demandas cuya finalidad sea restablecer el equilibrio en el régimen de visitas o en el régimen de custodia compartida de los menores en común, cuando uno de los progenitores no haya podido atender, en los estrictos términos establecidos judicialmente, el régimen establecido de relación y comunicación con los hijos menores a cargo, todo ello debido a las restricciones sanitarias adoptadas por el estado de alarma para evitar la propagación del COVID-19.

                        b) las que tengan por objeto revisar medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el art. 774 de la Ley 1/2000, de 1 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Ello, siempre y cuando la revisión traiga su fundamento y razón de ser en que hayan variado sustancialmente las circunstancias económicas del obligado a dichas prestaciones económicas como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

                        c) las que pretendan la revisión de la obligación de prestar alimentos cuando dicha modificación tenga como fundamento la variación sustancial de las circunstancias económicas del pariente obligado a dicha prestación alimenticia como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.

            El juzgado competente para conocer los procedimientos sobre régimen de visitas o custodia compartida, así como para conocer sobre la revisión de medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones y alimentos, será aquel que hubiera resuelto sobre el régimen de visitas o custodia compartida cuyo re-equilibrio se inste o aquel que hubiera acordado las medidas definitivas cuya revisión se pretenda. Asimismo, para conocer de las demandas sobre la revisión de la obligación de prestar alimentos, será competente el juzgado que hubiera resuelto en su día sobre la misma, cuando se trate de reclamación de pensión de alimentos instados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores. Mientras que será competente, cuando se trate de la prestación de alimentos en favor de cualquier otro alimentista, el juzgado que resulte en aplicación de las reglas generales del art. 50 de la citada Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

           En cuanto a la tramitación del procedimiento, se iniciará mediante demanda, cumpliendo con los requisitos propios exigidos para el juicio ordinario.

            Si la demanda tiene por objeto revisar medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos de los hijos, así como la revisión de la obligación de prestar alimentos deberá acompañarse de un principio de prueba documental, consistente en  aportación del certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios de desempleo, en caso de situación legal de desempleo o certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma que acredite el cese de actividad o disminución de ingresos, en el caso de trabajadores por cuenta propia.

            Presentada la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia (en adelante, LAJ), la examinará y si cumple todos los requisitos exigidos la admitirá por Decreto, en caso de que estime que puede haber falta de jurisdicción o competencia dará cuenta al juez para que resuelva sobre la admisión.

            Una vez la demanda haya sido admitida a trámite, el LAJ acordará que se cite a las partes y al Ministerio Fiscal cuando proceda, a una vista, que tendrá que celebrarse en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la fecha de admisión de la demanda.

            Antes de la celebración de la vista, las partes podrán llegar a un acuerdo que será homologado judicialmente. En caso de que exista un menor en el procedimiento, el acuerdo solo podrá ser homologado considerando el interés superior del menor.

            Asimismo y con anterioridad a la celebración de la vista, en aquellos procedimientos que se hayan iniciado mediante demanda sobre el restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida, se dará audiencia de manera reservada a los hijos menores si el tribunal lo considerara necesario y, en todo caso, cuando se trate de menores de edad que ya tengan cumplidos los doce años.

            La vista comenzará dándose la palabra a la parte demandante, para que ratifique o amplie la demanda sin realizar variaciones sustanciales y, posteriormente, se dará la palabra a la parte demandada para que conteste a la demanda, pudiéndose solicitar el recibimiento del pleito a prueba y para que, en su caso, formule reconvención.

            Las partes podrán solicitar, en el plazo mínimo de los 5 días anteriores a la fecha de la vista, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en la misma, requieran de citación o
requerimiento, o que se soliciten aquellos documentos, que estén en posesión de instituciones públicas o privadas, y que no estén a su disposición.

            Al acto de la vista, las partes habrán de comparecer con las pruebas de que intenten valerse, para practicarse en el mismo acto. Si esto fuera imposible respecto de alguna de ellas (planteadas por las partes o por el propio juez), deberán realizarse en el plazo que marque el juez, que en ningún caso podrá exceder de 15 días.

            Una vez practicadas todas las pruebas, el juez podrá conceder el turno de palabra a las partes para formular oralmente sus conclusiones.

            Terminada la vista, el tribunal podrá dictar resolución, en forma de Sentencia o Auto según corresponda, oralmente o por escrito en el plazo de 3 días hábiles. En caso de que se dicte resolución oralmente, esta se documentará con expresión del fallo y de una sucinta motivación.

            Pronunciada oralmente una resolución, si todas las personas que fueran parte en el proceso estuvieran presentes en el acto por sí o debidamente representadas y expresaren su decisión de no recurrir, se declarará, en el mismo acto, la firmeza de la resolución.

            En caso de no conformidad de alguna de las partes, el plazo para recurrir en apelación contra la resolución que ponga fin al procedimiento comenzará a contar desde la notificación de la resolución debidamente redactada.

            En todo lo no previsto en el citado Real Decreto para la tramitación de este procedimiento será de aplicación supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lo relativo al juicio verbal.