Tramitación preferente de procedimientos judiciales a causa del COVID

29/05/2020

Las medidas procesales de carácter general aprobadas como consecuencia de la crisis sanitaria por el Covid-19 son las siguientes:

 

     1.- Se declara parcialmente hábil el mes de agosto de 2020, concretamente desde el 11 hasta el 31 del citado mes.

     2.- Se amplían los plazos en caso de recursos de sentencias y otras resoluciones judiciales que pongan fin al procedimiento.

     3.- Se acuerda el reinicio en el cómputo de los plazos procesales, de modo que, todos aquellos plazos procesales que quedaron suspendidos como consecuencia de la aprobación del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, volverán a computarse partiendo de cero. El cómputo comenzará el primer día hábil a aquel en que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento en cuestión. Entendiéndose, salvo que se regule en otro sentido, que se reiniciarán al día siguiente hábil al cese del estado de alarma.

 

     Por lo que respecta a la tramitación preferente de procedimientos judiciales, durante el período que transcurra desde el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en su Disposición Final 2ª y hasta el 31 de diciembre de 2020, vamos a analizarlos según el orden jurisdiccional al que pertenezcan, de modo que:

 

     a) Orden civil general y procedimiento de familia:

 

  • Aquellos procedimientos y expedientes de jurisdicción voluntaria que se diriman al amparo de lo dispuesto en el art. 158 del Código Civil, en los que estén menores involucrados respecto a sus relaciones con los progenitores y derechos e intereses de especial protección para los hijos en común.
  • El nuevo procedimiento especial y sumario en materia de derecho de familia como consecuencia del Covid-19, previsto por el Real Decreto 16/2020, de 28 de abril.
  • Los procedimientos concursales de deudores que sean personas físicas y no ostente la condición de empresarios.
  • Los procedimientos derivados de la falta de reconocimiento por parte de las entidades acreedoras de la moratoria legal en las hipotecas sobre la vivienda habitual y de aquellos inmuebles que se encuentren afectos a la actividad económica.
  • Cualquier otro procedimiento que derive de reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato.

 

     b) Orden social, tendrán carácter preferente y urgente, sin perjuicio de aquellos que tengan reconocida tal preferencia por las leyes procesales:

 

  • Los procedimientos por despidos o por extinción del contrato de trabajo.
  • Los que versen para hacer efectiva la modalidad del teletrabajo o la adecuación de las condiciones laborales previstas en el art. 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
  • Los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA, del art. 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
  • Los derivados del procedimiento para declarar el deber y la forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.
  • Los procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los expedientes de regulación temporal de empleo por las causas reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

 

Tendrán a todos los efectos carácter urgente y serán preferentes a cualesquiera otros que estén ya en el juzgado, salvo los que versen sobre la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas:

 

  • Los procedimientos que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adecuación de las condiciones laborales previstas en el art. 5 del citado Real Decreto-ley y los procedimientos para la aplicación del plan MECUIDA del art. 6 del mencionado Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
  • Los procedimientos para la impugnación individual o colectiva de los expedientes de regulación temporal de empleo por las causas reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social del Covi-19.

 

     c) Orden contencioso-administrativo: Los recursos que se presenten contra los actos y resoluciones de las Administraciones Públicas por los que se deniegue la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria del Covid-19.